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No queremos ser catastrofistas ni alertar de panoramas apocalípticos en medio de un clima de inestabilidad política y tensión en Cataluña que está afectando al curso natural de la economía y a casi todos los sectores. Ni mucho menos y, por esa misma razón, intentamos aportar hoy luz y la fotografía más real posible sobre cómo está afectando a la industria concreta del motor, de gran relevancia hoy día en España. Este sector, convertido hace tiempo en uno de los mayores productores del mundo, no vive tampoco ajeno al conflicto de intereses, dejando sentir también ya los efectos en una comunidad que, tradicionalmente, ha liderado las matriculaciones junto a Madrid, así como la fabricación de vehículos junto a Castilla León. Pero… ¿hasta dónde? Vamos paso a paso.
¿Cómo afecta a las ventas?
Arrancamos pues con la última hora. Y ésta nos lleva a poner el foco de atención en las matriculaciones, donde las informaciones son contradictorias. El diario El País nos despertaba hoy recogiendo las preocupantes declaraciones de Miquel Donnay, presidente del Gremio del Motor de Barcelona y del Consejo de Gremios y Servicios. En una reunión de agentes sociales y económicos convocada en el Ayuntamiento de Barcelona por su alcaldesa, Ada Colau, aseguró que las ventas de coches han caído entre un 30 y un 40 por ciento en sólo 15 días, desde el 1 de octubre cuando se celebró el referéndum ilegal. El País recoge declaraciones donde Donnay alerta de “una caída espectacular, repentina, si comparamos las ventas con la primera quincena de octubre de otros años”.
Analizando el último mes completo, el de septiembre, Cataluña registró entonces una caída del 1,6 por ciento, significativa si la comparamos al 13,7 por ciento de crecimiento de Madrid. Eso sí, no fue la única, ya que otras 7 regiones mostraron una tendencia negativa con Baleares (-4,4%) y Extremadura (-2,8%) como las únicas comunidades con mayor retroceso que Cataluña.
¿Cómo afecta a inversiones y anuncios?
Siguiendo un orden cronológico, la actualidad más inmediata tras las ventas nos lleva a la paralización de proyectos. Y ayer mismo asistimos al último anuncio oficial: Seat confirmaba la cancelación “sine die” del anuncio del nombre de su esperado nuevo gran SUV de hasta 7 plazas que lanzará en 2018. Tras una gran expectación y la convocatoria de un concurso internacional para votar por su nombre, Seat aseguró que antes del 15 de octubre daría el ganador. En la terna figuraban Alborán, Aranda, Ávila y Tarraco. En un comunicado, Seat aseguraba que no era el momento adecuado para anunciarlo por el clima político y social. Habrá pues que esperar.
De momento, el único dato oficial en inversiones aportado por el Gobierno español habla de que, entre junio y septiembre, el número de empresas que se crearon en Cataluña cayó un 26 por ciento respecto al año anterior, frente a un 11% de caída media en toda España y a un crecimiento en cambio del 14% en la Comunidad de Madrid.
¿Cómo afecta a la fuga de empresas?
Uno de los factores que más ruido y preocupación está causando en Cataluña es el relativo a la fuga de empresas. Las últimas cifras hablan de más de 700 empresas que han cambiado de sede social en las últimas semanas, con ritmos de hasta 20 por hora acudiendo al Registro Mercantil. ¿Hay en esos listados empresas asociadas al sector del motor? Es difícil hoy cuantificarlo, pero alguna hay asociada directa o indirectamente.
La más conocida es Abertis. La concesionaria de autopistas comunicó el traslado de su sede social a Madrid debido a la “inseguridad jurídica” de Cataluña. Algo similar, y mismo traslado, al pronunciado por TAB Spain, filial española del fabricante de soluciones para baterías de vehículos. Eso sí, también ha asegurado que no implica traslado de trabajadores.
Otras empresas conocidas han trasladado sus sedes sociales son alguna aseguradora, como el caso de Catalana Occidente, que también aterriza en Madrid. Por su parte, el famoso grupo de paquetería urgente MRW, una de las principales compañías españolas de transporte nacional e internacional, también ha anunciado su traslado social a Valencia. De momento, el impacto conocido no parece mucho mayor.
¿Cómo afecta a las fábricas y marcas con sede en Cataluña?
De momento, sólo con incertidumbre y sin ningún anuncio oficial. Un gigante tan arraigado en Cataluña como Seat, con su gran fábrica de Martorell, se mantiene de momento expectante ante los acontecimientos. El objetivo del fabricante no parece ser trasladar en estos momentos su sede social, limitándose a comunicar que “necesita un entorno político estable, que permita seguir invirtiendo para generar crecimiento y empleo”. Eso sí, en su debe figuran ya al menos los 200 coches que dejó de fabricar en la pasada Huelga General de Cataluña, convocada días después del referendum ilegal. Los cortes de carreteras provocaron falta de suministros en piezas que paralizaron durante horas, sobre todo, la Línea 1 donde se producen los Seat Ibiza y Arona, y la Línea 2 del Seat León. Veremos si se prolonga o recrudece el conflicto.
¿Y qué opina el sector?
Pues, al margen de todo lo comunicado ya por las marcas, no es fácil encontrar hoy testimonios o posturas oficiales en el sector respecto a cómo puede afectar el conflicto político. Sí se ha pronunciado, por ejemplo, la asociación española de concesionarios de automoción. En declaraciones recogidas por el diario Expansión, Faconauto considera que la independencia de Cataluña sería “nefasta” para un sector que emplea de forma directa a 23.000 personas en la comunidad. “Para los concesionarios sería nefasto, ya que los coches podrían llegar a través de importadoras, como ocurre en otros territorios. Los concesionarios podrían perder sus contratos actuales como distribuidores”, asegura Expansión.
Es importante también tener en cuenta el peso de Cataluña en el sector, donde por ejemplo se producen más de un 16% del total de matriculaciones en España. El ministro Luis De Guindos asegura también que “las exportaciones son el 75% del Producto Interior Bruto (PIB) en Cataluña, por lo que, por ejemplo en el sector del automóvil, quedarían sujetas a un arancel en caso de independencia del 10 por ciento”.
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