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Injusta, y que “obvia” el derecho de los ciudadanos a que la Administración sirva “objetivamente” al interés general. Así califica el Defensor del Pueblo la medida implantada por el Gobierno de tomar como válido para la ITV la referencia de la primera fecha en la que expiraba la inspección, a pesar de haberla pasado semanas después de manera real debido a las prórrogas concedidas durante el confinamiento y el primer Estado de Alarma, cuando estuvieron cerradas las estaciones de toda España.
Así de duro se ha mostrado el Defensor del Pueblo, según un informe recogido por Europa Press. La institución expresa de este modo su total desacuerdo con una normativa justificada por el Ejecutivo para intentar evitar “un colapso en las estaciones que afectaría luego a los meses venideros, comprometiendo su capacidad futura y, con ello, el cumplimiento de los fines de seguridad del tráfico, que son de interés general”.
Para el Defensor del Pueblo, esta justificación obvia “el derecho de los ciudadanos afectados a que la Administración sirva objetivamente al interés general”, ya que sitúa solo el foco de la atención en sistema de inspecciones y en su eficiencia futura. “De hecho, la Administración no ha probado, ni tan siquiera de manera indiciaria, que esta carga administrativa y económica responda a ese interés”, explica.
Para el Defensor del Pueblo, el “supuesto equilibrio beneficioso a largo plazo no compensa el sacrificio de cientos de miles de afectados que son obligados a realizar dos inspecciones seguidas en muy corto lapso de tiempo con la carga administrativa y el desembolso económico que esto conlleva”.