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Con este trucaje se lograba una mayor potencia en el vehículo, a la vez que la manipulación se hacía invisible de cara a las revisiones. Los responsables de estos talleres, que han sido imputados por la Policía Nacional, cobraban entre 100 y 200 euros por cada modificación. Además, los ocho talleres funcionaban en red, de manera que se remitían los clientes unos a otros en función del tipo de modificación en el que estuviera especializado cada uno.
Según los investigadores, la ausencia de este filtro en el tubo de escape permite ‘la libre emisión de partículas a la atmósfera, lo que degrada considerablemente la calidad ambiental de la misma’.
La investigación, iniciada gracias a una denuncia ciudadana, sigue abierta y está siendo dirigida por la Fiscalía de Medio Ambiente. Los investigadores sospechan que estas prácticas podrían estar llevándose a cabo en hasta 80 talleres de todo el país.