Quiero añadir gratis Autopista como fuente preferida de Google, para no perderme vuestras noticias.
Ni moratorias, ni excepciones, ni áreas delimitadas sin sanciones. El Gobierno se ha propuesto ya definitivamente acabar con las denominadas Zonas de Bajas Emisiones “fake”, aquellas que han delimitado ya áreas de protección medioambiental pero que han decidido no multar a ningún vehículo que circule por ellas, y aprobará en las próximas horas un nuevo real decreto para obligar a que por ley tengan que imponerse sanciones que contribuyan a reducir el tráfico por ellas y a beneficiar realmente al medio ambiente y al clima de las ciudades.
Así, al menos, lo asegura hoy el diario El País, quien adelanta en exclusiva que este martes día 3 de noviembre el Consejo de Ministros podría ya aprobar este nuevo decreto para solucionar un problema con el que se están encontrando en numerosas Zonas de Bajas Emisiones. En total, los 151 ayuntamientos que por ley tienen que tener ya activada un área con restricciones de circulación en su municipio estarán así obligados a imponer un sistema de sanciones con limitaciones a los vehículos más contaminantes.
La mitad de las Zonas de Bajas Emisiones no impone hoy multas ni restricciones
El problema detectado por el Gobierno para introducir esta nueva modificación legislativa ya no es solo que, a día de hoy, apenas 68 ciudades obligadas a contar con una ZBE la tenga ya en funcionamiento, sino que incluso de ellas se calcula que al menos la mitad de los ayuntamientos operan bajo “períodos de carencia” o en “fase informativa”, sin multar en la práctica a los coches más contaminantes ni imponer ningún tipo de restricción circulatoria, ni siquiera a los vehículos sin etiqueta medioambiental de la DGT y que son los más antiguos.
Para evitar esta situación, el Gobierno por tanto tiene previsto aprobar un real decreto hoy que obligue a todos estas ciudades a sancionar en la práctica, imponiendo restricciones de acceso, de circulación y de estacionamiento a los vehículos más contaminantes. Los consistorios, eso sí, podrán decidir como hasta ahora si solo sancionan en la práctica a los coches sin etiqueta o si extienden las prohibiciones también a los de etiquetas B y C de la DGT, como ya aplican algunos ayuntamientos, como Barcelona, Madrid, Getafe o Bilbao, por poner solo algunos ejemplos.
ZBE sin sistemas transitorios que demoren su efectividad
El nuevo texto que prepara el Gobierno, y del que informa hoy El País, conminará ya a los ayuntamientos a que multen a los infractores “sin recurrir a sistemas transitorios que demoren su efectividad”. El Ejecutivo pretende así que esta medida pueda contribuir definitivamente a la mejora de la calidad del aire en las ciudades más grandes de España, el objetivo por el que se crearon las Zonas de Bajas Emisiones a instancias de una petición de la Unión Europea.
El Gobierno busca ejemplarizar ya una normativa que se aprobó en 2023 y que obligaba ya a todas las ciudades de más de 50.000 habitantes, así como a los territorios insulares y a las poblaciones de más de 20.000 habitantes con incumplimientos en materia de calidad del aire, a crear “áreas significativas y suficientes para reducir la contaminación del aire, el ruido y los gases que causan el cambio climático en las ciudades”.
Fuentes del Ejecutivo de Pedro Sánchez aseguran que no son pocos los ayuntamientos, la mayoría gobernados por el Partido Popular y Vox, que decidieron finalmente reducir las áreas de aplicación de las ZBE al mínimo posible, permitiendo incluso la entrada de todo tipo de vehículos y sin imponer ninguna restricción ni sanción a los vehículos más contaminantes.
Más seguridad jurídica para los ayuntamientos
Teniendo esta realidad en cuenta, los Ministerios para la Transición Ecológica y el de Transportes llevan más de dos años estudiando la problemática, apostando finalmente a la creación de un nuevo real decreto que regule de manera más eficaz estas iniciativas y, de paso, permita aportar más seguridad jurídica a los ayuntamientos para garantizar su implantación y funcionamiento sancionador, ante las distintas sentencias judiciales que, como en el caso de Madrid o Málaga, han dictado ya anulaciones temporales de las Zonas de Bajas Emisiones y la devolución de las multas de 200 euros impuestas por defectos en las ordenanzas municipales que las regulan.
El País concluye que las deficiencias detectadas durante los primeros años de aplicación de la normativa “han puesto de manifiesto la necesidad de reforzar los requisitos para evitar que la declaración de una zona de bajas emisiones se limite a una delimitación territorial sin medidas efectivas”. Con el nuevo real decreto, los ayuntamientos “tendrán que comunicar la entrada en vigor de las prohibiciones o restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos atendiendo a su potencial contaminante, así como la aplicación efectiva de los sistemas de control de accesos, monitorización y seguimiento”.