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El fallo en el funcionamiento de un radar podría anular más de 7.000 multas, que se traducirían en una devolución de alrededor de unos 740.000 euros en sanciones por parte de la DGT. Todo ello a raíz de la reciente sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo, mediante la cual el magistrado Luis Cuadrado daba la razón al abogado Germán López Iglesias, que en representación de uno de sus clientes, apeló y reclamó la ilegalidad de una multa puesta por un radar de la DGT.
De forma específica, el radar ubicado en el punto kilométrico 13,4 en la A66 entre Gijón y Avilés ha impuesto multas por un valor de 737.600 euros por exceso de velocidad. Tras dicha sentencia, todas esas multas podrían anularse, por lo que la DGT podría verse obligada a devolver esos casi 740.000 euros.
Tal y como se explica en la sentencia y según la legislación y preceptos normativos que regulan el funcionamiento técnico de los radares como el ubicado en la A66, este tipo de cinemómetros deben realizar dos fotografías para la correcta imposición de la multa por exceso de velocidad, al contrario de la única imagen que captó el radar ubicado entre Gijón y Avilés.
Desde el punto de vista normativo, el precepto que regula el funcionamiento de este tipo de radares se remonta a 2010 y en él se especifica lo siguiente: "se le exigirá al menos dos fotogramas del vehículo infractor tomados en diferentes instantes: uno de ellos mostrará una visión panorámica del vehículo; el otro su placa de identificación".
La Justicia ha demostrado que la DGT presentó una imagen ampliada de la primera fotografía y el Juez ha especificado que "la imagen no es sino un recorte o detalle de la otra".
El radar de la A66 es uno de tipo multanova 6F-MR. Según los datos oficiales de imposición de sanciones, este cinemómetro ubicado entre Gijón y Avilés ha captado hasta 7.074 excesos de velocidad, que se traducen en una recaudación total en multas por un valor de 737.600 euros.